¿Quién se hace cargo?
Publicado en Diario UNO, Opinión, Domingo 18 de septiembre de 2005
Dr. Alberto Montbrun
Profesor de Política Criminal
Universidad Aconcagua

La tremenda situación vivida el domingo pasado en el estadio aviva un debate dormido en Mendoza: el de la capacitación de nuestros policías. No es la primera vez que efectivos de la fuerza se ven envueltos en hechos de negligencia o impericia y tampoco es la primera vez que se escuchan de los funcionarios declaraciones disparatadas y absurdas.
Cuando se decidió la reforma policial en 1998, a pesar de estar en desacuerdo con la misma apoyé fuertemente la creación del Instituto Universitario de Seguridad Pública, como ámbito de capacitación y profesionalización de los policías que los pusiera a tono con la complejidad y virulencia del entorno social con el que deben lidiar.
La idea de la reforma, volcada luego en la ley, era suprimir los niveles inferiores de agentes y suboficiales y nivelar hacia arriba, buscando que a mediano plazo todos los policías fueran oficiales y se encontraran en alguna fase del proceso de profesionalización. La enseñanza y actualización continuas eran el corolario natural de este esquema.
La inexperiencia de los funcionarios que asumieron con el gobierno de la Alianza en 1999 alteró estos objetivos y terminó tempranamente con el programa de la reforma, aunque nadie lo haya admitido. A poco de estar en el poder decidieron incorporar un nuevo tipo de policías, llamados “auxiliares”, con una preparación rudimentaria y de apenas unos pocos meses. Esos auxiliares suman ya varios cientos, configurando un grave problema a futuro porque será necesario inventar cómo incorporarlos a la carrera y al escalafón.
Pero además, las múltiples quejas existentes con respecto a su accionar motivaron que hace unos días los propios funcionarios del ministerio se cruzaran a través de los diarios – lindo ejemplo – quejándose y atacándose por esta situación y poniendo, como siempre, la culpa en cualquier lado menos en ellos mismos.
Las cosas que escuchamos son increíbles. Un funcionario dice que “los policías son indisciplinados porque salen muy rápido del Instituto y los comisarios son quienes tienen que terminar de formarlos”. Me imagino a la decana de la facultad de medicina diciendo que los cirujanos salen un poquito imprecisos a la hora de embocarla con el bisturí pero que el hospital tiene que terminar de formarlos. O al decano de ingeniería diciendo que a los ingenieros les salen medio chingados los edificios pero ya aprenderán.
También los sistemas de ingreso a la policía se tratan, me parece, con ligereza. En otras provincias argentinas estamos trabajando con profesionales de Mendoza en la implementación de programas creativos e innovadores en esta materia, con la última tecnología disponible y recibiendo apoyos internacionales. Aquí, en cambio, se reducen los requisitos para ingresar a la policía, suprimiendo, por ejemplo, tests laborales que se usan en todo el mundo para acceder a profesiones de riesgo. ¿La explicación? Es que “son muy difíciles, che”. ¡Pero estamos hablando de policías, un trabajo de altísima exigencia! La policía no es una agencia de empleo masivo y para cualquiera.
También debe ponderarse, en el contexto de la problemática general, la grosera sobrecarga laboral de nuestro personal. Es que sólo sumando recargos y servicios extraordinarios a los servicios normales, pueden los policías redondear un ingreso digno. Y tengamos en cuenta que hablamos de una profesión con riesgo de vida y alto nivel de estrés. Por eso, para los alrededor de 5000 policías que constituyen el grueso de la fuerza, capacitarse es hoy una quimera o una ficción. ¿Quién se hace cargo de esa sobrecarga que implica que la mayoría de nuestros policías esté condenada a trabajar más de setenta u ochenta horas semanales, mientras les resulta imposible descansar o capacitarse? ¿Con qué nivel de cinismo podemos hablar de mejorar su formación, incorporar cursos, hacer manuales o traer gente de Chile para que les venga a enseñar lo que tienen que hacer?
Tener pocos policías es sin dudas un gran problema, pero tener policías escasamente preparados es una responsabilidad grave de los últimos gobiernos, que han descuidado impunemente este tópico.
Para colmo, la improvisación y el “ensayo y error” han sido la regla los últimos años en seguridad. Nadie lleva hoy flores a la tumba de la “cuadrícula”, un bodrio que costó millones de dólares en vehículos y equipamiento y sólo sirvió para multiplicar los accidentes de móviles policiales, incrementar los gastos fijos, desmantelar las comisarías y seguir alejando a la policía de la comunidad, sin tener impacto significativo alguno sobre los niveles de delito. En el 2003 tuvimos la más alta tasa de homicidios del país.
Se hacen experimentos que se promocionan como exitosos como la “policía a mano” y cuando se pregunta si se va a extender a toda la provincia se contesta que no, porque se necesitarían quince mil policías. ¿Entonces para qué hicieron el experimento si no se puede reproducir?
Dicen que los delitos han bajado y se exhiben estadísticas, ignorando que en seguridad pública, si uno aprieta bastante a una estadística le hace decir cualquier cosa. En noviembre del año pasado tuvimos récord histórico de homicidios, en enero de este año el récord se volvió a repetir. ¿Quién se hace cargo?
Personas que vienen de otros países se asombran al ver estos niveles de impericia aunque también se asombran del extraordinario aguante de la gente ante tanta desidia.
¿Y la Legislatura? Durmiendo tranquila el sueño de los justos, escondida detrás del cascarón vacío de la “política de Estado” se despereza a partir de la desgracia del domingo para ver si se puede sacar algún rédito político de lo que queda del pulmón del pobre chico Acuña o de lo que queda del futuro policial del pobre cabo Maldonado.
Durante años la comisión bicameral de seguridad se desentendió de la situación de nuestra policía y apoyó sin retaceos – oficialismo y oposición – incrementos presupuestarios vergonzosos que no se tradujeron en una mejora concreta para los policías aunque si, tal vez, para algunos funcionarios; al mismo tiempo que se sancionaban leyes oprobiosas y oportunistas que reducían nuestros derechos y libertades.
Pero nuestros líderes políticos no entienden que la prioridad absoluta de un sistema de seguridad son los policías; que los sistemas son su gente, es decir, son las personas. Si las personas están mal, o infra remuneradas o carentes de descanso y capacitación, comprar un auto, una moto o un arma son ejercicios flagrantes de malversación de fondos y – lo que es peor – de malversación de la credibilidad pública en el sistema democrático.
Por suerte el domingo, en el estadio, no hubo que lamentar ninguna muerte, salvo, tal vez, las de la sensatez y el sentido común.