Policía y Cambio de Paradigma
Diario UNO, Opinión; domingo 15 de julio de 2007
Alberto Montbrun
Doctor en Derecho
Profesor de Política Criminal, UdA

“Si a una persona lo único que se le enseña a usar es un martillo, todo lo que vea le parecerá un clavo”
Robert Trojanowicz

Desde hace años parece advertirse un desfase entre el funcionamiento de nuestra policía y las expectativas que la población y el gobierno colocan sobre ella respecto a la atención y contención de la problemática de la inseguridad.
El alto nivel de delitos, persistente en nuestro medio desde hace casi dos décadas, acentúa la percepción disvaliosa del funcionamiento policial en un contexto donde no solo está afectada de manera central la calidad de vida de la población, sino también la legitimidad de los gobiernos y del propio sistema democrático ante las tentaciones de facilismo autoritario.
¿Cuáles son las razones de la incapacidad del sistema de seguridad policial para contener y reducir el delito en sus configuraciones actuales?
Se han sostenido las más variadas respuestas: falta de recursos; escasez de personal; obsolescencia de los marcos legales; deficiente capacitación; benignidad de las leyes penales; ineficiencia del sistema de justicia criminal; arraigo de la doctrina de la “seguridad nacional” y la cultura autoritaria; etc. En muchos casos estas respuestas se han traducido en concretas decisiones de carácter político. Sin soslayar la naturaleza compleja y multicausal del fenómeno, pensamos que ninguna de ellas es idónea para explicar la situación actual.
Sugerimos que el desfase de nuestra policía responde al cambio de las dinámicas de la sociedad globalizada y cibernetizada del siglo XXI, frente a las cuales los sistemas mecánicos y rígidos propios de la sociedad industrial carecen de capacidad de respuesta adecuada.
Ese desfase se traduce en un problema de falta de compensación homeostática del sistema policial con el entorno social en el cual debe operar. Esta falta de compensación se traduce en inexistencia de prevención de ilícitos; demoras y deficiencias en su investigación; mala relación con la comunidad, especialmente sectores juveniles o socialmente postergados; desprestigio institucional y desprestigio social de la profesión de policía; casos de violencia institucional; “gatillo fácil” y otros problemas.
A lo largo de los últimos años se han incrementado significativamente los recursos económicos destinados por el Estado a las policías y se han ensayado cambios de distinto tipo en marcos legales, procesos de capacitación y estrategias de seguridad. Sin embargo el número de delitos se mantiene muy alto, así como también la recurrencia de las problemáticas
reseñadas en el párrafo anterior. ¿Por qué? Porque no se ha producido una revisión paradigmática de la organización.
Las policías de Argentina y el mundo se estructuraron en las primeras décadas del siglo XX siguiendo las pautas de las organizaciones mecánicas de la sociedad industrial, es decir estructuras jerárquicas y supernumerarias con rigidez organizacional y verticalidad decisional. En ellas, un pequeño grupo de jefes daba las órdenes y resolvía las estrategias y un gran número de empleados sólo debía cumplirlas y acatarlas.
La emergencia de la sociedad del conocimiento y el solapamiento intersticial de la disfunción en todos los espacios individuales, sociales, laborales y políticos somete a las viejas estructuras de gestión de la convivencia – no sólo a la policía – a un efecto de trituración por colapsamiento, al quedar comprometida su capacidad de respuesta frente a la complejidad y transformación vertiginosa del entorno. Este tipo de organizaciones rígidas no puede incorporar nuevas prácticas con la rapidez que el entorno se lo demanda, porque carecen de variedad de respuesta y de capacidad para generar esa variedad.
Los estudios e investigaciones basadas en el paradigma científico autoorganizativo y la teoría de caos y complejidad proveen los marcos científicos idóneos para la búsqueda de nuevas respuestas. Sin embargo, nuestros líderes políticos exhiben frente a este tema una peligrosa ignorancia, que los lleva a insistir una vez y otra vez sobre recetas ya ensayadas y fracasadas.
Sugerimos entonces que el problema sustancial de nuestra policía es la obsolescencia paradigmática de su modelo fundante y la necesidad imperiosa de diseñar, con la participación activa de todos los sectores interesados, un nuevo tipo de estructura que las aproxime a las llamadas “organizaciones inteligentes”, es decir organizaciones que aprenden y coevolucionan con el entorno. Este encuadramiento científico será el adecuado y actualizado para garantizar coherencia entre el modelo organizacional y el tipo de sociedad en el cual el sistema ha de operar.
Sin embargo, no podría comenzarse un proceso de ese tipo sin un previo reciclaje de los modelos mentales de los líderes políticos encargados de tomar las críticas decisiones relacionadas con la seguridad.
Somos concientes de que pocas expresiones han devenido tan corrientemente usadas, al extremo del desgaste y de convertirse en un cliché, como la expresión “cambio de paradigma”. No obstante, resulta imposible entender la problemática actual de la seguridad sin una previa indagación crítica del tipo de paradigma desde el cual analizamos el problema.
Las policías tradicionales presentan un modelo rígido y piramidal, con pocos jefes y mucho personal “de tropa” que sólo cumple órdenes, realza tareas mecánicas y carece de capacidad decisoria. La práctica de estas organizaciones es reactiva, en el sentido de que patrulla y vigila al azar mientras el delito no ocurre y recién actúa cuando recibe la llamada de urgencia.
Por el contrario, las policías basadas en la concepción paradigmática de la complejidad tienden a presentar un modelo organizacional mucho más flexible, con menos grados en la escala –porque todos los policías son profesionales– y con mayor nivel de autonomía
decisional para manejar las situaciones locales que generan delito o desorden. La práctica policial es proactiva, en el sentido que el policía indaga las causales de posibles delitos en zonas geográficas acotadas y trabaja asociado a la comunidad y el resto del gobierno para contener, disminuir y remover las condiciones de posibilidad de la disfunción.
El perfil militarista de la policía tradicional, copiado del ejército y con una estructura de oficiales, suboficiales y agentes se convierte ahora en un perfil claramente civil, donde todos los policías son profesionales de la disfunción y por lo tanto están en un único escalafón. Sigue habiendo jerarquías pero ya no basadas en el grado, sino en la experiencia y la capacitación.
Otra diferencia importante es el tipo de orientación de la actividad policial. En los modelos tradicionales está claramente orientada al cumplimiento de determinadas tareas, tales como patrullajes, rondines, paradas, consignas y operativos de distinto tipo. En cambio, en los nuevos modelos la actividad está orientada hacia la obtención de resultados concretos y la resolución de problemas. Cuando se resuelve un problema se evitan, a futuro, muchos hechos similares. En Mendoza, donde el viejo modelo opera en plenitud, hemos llegado al absurdo de premiar a una comisaría por la cantidad de personas que han sido detenidas para pedirle documentos o para averiguación de antecedentes y medios de vida –la típica “portación de rostro”– que es algo no solo absurdo, sino además prohibido en otras jurisdicciones.
El tipo de respuesta que provee la policía tradicional es siempre el mismo: patrullaje, arresto y auxilio a la justicia. En los nuevos modelos, en cambio, la capacidad de respuesta debe ser múltiple, variable y creativa porque precisamente así es la disfunción que el sistema debe enfrentar. Por eso lo que se valora es la capacidad de aprendizaje y generación de novedad más que la capacidad de repetir mecánicamente rutinas estériles.
Mucha gente me pregunta adónde se han hecho cambios de este tipo y yo les explico que casi todas las policías de los países desarrollados han comenzado en los últimos veinte años procesos de transformación más o menos profundos en esta dirección. En todos los casos se ha prestado una atención sustancial al recurso humano del sistema que es, sin lugar a dudas, el elemento más crítico y esencial de cualquier policía. Los sistemas, en definitiva, son su gente. En Mendoza vamos exactamente en la dirección contraria, por ejemplo, al sacar como obligatoria la enseñanza secundaria completa para ingresar a la formación policial; o al tratar de armar una desopilante “guardia ciudadana” que es un engendro que ya ha fracasado una y otra vez precisamente por su debilidad paradigmática.
El proceso de reciclaje debe involucrar no solo a los nuevos agentes sino también a todos los que se encuentran en funciones. Pero también implica una capacitación de la comunidad y de los líderes políticos, que deberían, tal vez, actualizar sus conocimientos.