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La cuestión de
la relación de la pobreza con la delincuencia es un tema
históricamente muy controvertido en materia de política
criminal. Actualmente la doctrina coincide en que no existe
entre ambos fenómenos una relación causal directa,
determinista y fatal, aunque resulta sencillo constatar que la
inmensa mayoría los delitos son cometidos por personas que
provienen de entornos sociales donde prima la marginalidad y
la exclusión.
Es por ello que hace alrededor de veinticinco años el Banco
Mundial comenzó a estudiar en profundidad la relación entre la
delincuencia y la inequidad en el ingreso, habiéndose llegado
a la conclusión de que existe una robusta relación entre ambos
fenómenos, lo cual también es receptado por estudiosos locales
aun provenientes de vertientes ideológicas particularmente
dispares, como Eugenio Burzaco, actual diputado nacional de
PRO o Mariano Ciafardini actual Director Nacional de Política
Criminal.
También hay que reconocer que la diferenciación entre pobreza
y marginalidad ha dado lugar a una abundante literatura y en
general aparecen como muy interrelacionadas, lo que lleva por
ejemplo a investigadoras como Irma Arriagada y Lorena Godoy a
identificar seis factores críticos como causales de incremento
de la delincuencia:
1) desigualdad en el ingreso;
2) pobreza urbana;
3) desempleo abierto urbano;
4) jóvenes que no estudian ni trabajan;
5) deserción escolar y
6) jóvenes menores de 16 años que trabajan.
Buscar una sola causa para el delito es una actitud
reduccionista y absurda, pero más absurda aun resulta la
conducta de gobiernos que, mientras postulan que el problema
es “multicausal y complejo” gastan plata en patrulleros, motos
y otras estupideces en vez de preocuparse vigorosamente por
incrementar la calidad de vida de nuestro agobiado colectivo
social.
Se entiende: esto último reclama políticas de Estado de
mediano y largo plazo y no sirve para salir en la tele. |
